Como informamos la pasada semana en el siguiente enlace: https://elmuletazo.com/2021/03/17/presentada-una-querella-por-supuesta-prevaricacion-y-malversacion-de-caudales-publicos-en-la-adjudicacion-de-los-festejos-taurinos-de-calasparra/ dos concejales del ayuntamiento de Calasparra presentaron en el Juzgado de Caravaca de la Cruz una querella por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de los festejos taurinos de la localidad contra el exalcalde y actual delegado del Gobierno en Murcia José Vélez, y los concejales Jordi Arce y Antonio Merino.
Según ha informado la agencia EFE, dicho juzgado ha exigido a los dos concejales, Carlos Alajarín -Ciudadanos- y Alonso Torrente -Calasparra Viva- una fianza para admitir la querella contra los ediles socialistas y que puedan intervenir como acusación popular.
En la querella, que se dirige también contra el empresario taurino Pedro Pérez “Chicote”, se indica que los querellados pudieron incurrir, presuntamente, en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Esos supuestos delitos, añaden los dos querellantes, se pueden haber cometido al pagar con fondos públicos gastos de la organización de festejos taurinos que, en su opinión, corresponderían a la empresa organizadora, no al ayuntamiento.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Vélez y sus entonces compañeros de corporación Jordi Arce y Antonio Merino, concejales de Festejos, asumieron con cargo al consistorio, “solo para el ejercicio de 2017”, gastos por más de 48.000 euros relacionados con la Feria de Novilladas Espiga de Oro, como limpieza de la plaza de toros y promoción de la misma en Sevilla, omitiendo los querellantes la promoción que los encierros, el arroz y el turismo de la localidad tuvieron en dicho acto.
Alajarín y Torrente solicitaron al Juzgado que reclamara al ayuntamiento la entrega de la documentación correspondiente a las ediciones de las ferias de 2018 y 2019, ya que aseguran no han podido tener acceso a la misma.
Ahora, el juzgado de Instrucción les ha dado un plazo de diez días para que ofrezcan la prestación de una fianza, como se exige en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en cuantía que no se ha concretado.
Como el mismo juzgado expuso recientemente al expulsar a estos dos concejales como acusación particular en el “caso Guardería”, también de Calasparra, el tener ese cargo no los legitima para personarse en las actuaciones con esa función y que lo que sí pueden hacer es actuar con como acusación popular, pero con la previa entrega de la fianza.
Conviene recordar a nuestros lectores que los festejos taurinos de la Feria del Arroz de Calasparra hacen posible la celebración de los Encierros, con el consiguiente impacto social y económico que tienen para la localidad y cuya rentabilidad ha sido estudiada y avalada por estudios como el que les recordamos en el siguiente enlace:
Pedro M. Mellinas con información de la Agencia EFE
El Muletazo 