PRESENTADA UNA QUERELLA POR SUPUESTA PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE CALASPARRA

Según han confirmado a este medio fuentes cercanas al concejal del Ayuntamiento de Calasparra por Ciudadanos Carlos Alajarín, y publica con todo lujo de detalles en su edición impresa de este miércoles La Verdad, ha sido presentada en los juzgados de Caravaca de la Cruz una querella por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos contra José Vélez -exalcalde de la localidad y actual delegado del Gobierno en la Región de Murcia- y Jordi Arce -concejal del ayuntamiento de Calasparra y secretario de Organización del PSOE murciano-. También aparecen señalados el concejal socialista Antonio José Merino y el empresario taurino Pedro Pérez “Chicote”.

El Ayuntamiento de la localidad nunca ha ocultado la ayuda económica que ha venido prestando durante esos años al empresario granadino, a cambio de poder celebrar los encierros en Calasparra y, sobre todo, de colocar su feria taurina de novilladas entre las mejores del mundo, en calidad y prestigio, con el consiguiente impacto social y económico para localidad arrocera. Trabajo que Chicote ha venido realizado con indudable éxito.

Los hechos en los que fundamentan la querella, tienen que ver con el proceso de adjudicación de los festejos taurinos celebrados en Calasparra en los años 2017, 2018 y 2019. El concejal de Ciudadanos, al que se ha sumado el concejal de “Calasparra Viva” Alonso Torrente, argumenta que el dueño de la plaza de toros de La Caverina, de propiedad privada, contrató los servicios de la empresa Chipé Producciones, propiedad de Pedro Chicote, para la organización de las corridas de toros y de su tradicional feria de novilladas.

Según los querellantes, pese a ello, el Ayuntamiento habría suscrito un convenio con la empresa para que le cediera los novillos para poder celebrar los encierros por las calles de la localidad. Por el préstamo de los novillos, le fueron abonados al empresario granadino 30.000 euros en 2017 y 37.000 en 2018.

Alajarín y Torrente, que llevan impulsando actuaciones judiciales contra José Vélez y Jordi Arce en los últimos años por motivos de toda índole, y también taurinos, argumentan en la querella que esas cantidades se pagaron soslayando la Ley de Contratos del Sector Público y, además, sin que conste estudio alguno de mercado o de valoración del servicio, por lo que no se justifica ni el precio ni el hecho de que se incrementase de un año a otro un 23% la dotación.

Como contamos en su momento a nuestros lectores y los propios Vélez y Arce hicieron público, en 2019 fue directamente el Ayuntamiento quien arrendó la plaza de toros de “La Caverina” por un importe de 35.000€, cediendo a continuación los derechos de explotación a la citada empresa. Los querellantes argumentan que: “No consta ninguna resolución de la Alcaldía, ni expediente de contratación, ni publicación alguna en los boletines oficiales por la que se pueda tener constancia a través de qué procedimiento el Ayuntamiento cedió a favor de Chipé Producciones, ni tampoco consta contraprestación alguna de la empresa al Consistorio”.  A continuación, el Ayuntamiento volvió a pedir a la empresa la cesión de los novillos, para que corriesen en los encierros, pagando adicionalmente 18.150€. Destacan Alajarín y Torrente que el Ayuntamiento ya había pagado 35.000€ para que pagase el alquiler de la plaza al propietario. De esta forma Chipé Producciones habría recibido una compensación total en 2019 de 53.000€. “Y todo ello, sin que exista informe pericial, tasación o valoración alguna que justificase el pago de esas cantidades y sin que tampoco se tramitara expediente alguno para la concesión de la explotación de la plaza de toros y de la Feria Taurina del arroz, impidiendo al resto de empresas del sector a poder optar a dicha explotación”.

Además de lo anterior, suman a la querella los 48.000 euros que en el año 2017 el Ayuntamiento habría pagado en conceptos como la banda de música, limpieza de, transporte, seguros de los toros, vigilancia de la plaza…

El letrado que impulsa la querella, Juan Rigabert, califica los hechos como constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales y reclama al Ayuntamiento la documentación relativa a los mismos. También pide que los cuatro querellados declaren en calidad de investigados.

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Pedro M. Mellinas @PedroMMellinas