LOS ORGANIZADORES DE LA FERIA DEL ARROZ DE CALASPARRA DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, DEBERÁN DECLARAR COMO INVESTIGADOS POR UN SUPUESTO DELITO DE PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

José Vélez, delegado del Gobierno y anterior alcalde de Calasparra, deberá declarar como investigado ante el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de la localidad para la celebración de festejos taurinos. El magistrado ha dictado una providencia este mismo jueves en la que cita a Vélez el próximo 17 de febrero.

El instructor también llama a declarar, en la misma condición, a los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Calasparra Antonio José Merino y Jordi Arce -gerente del PSRM-PSOE-, que deberán pasar por el juzgado un día antes (16 de febrero).

Como en su día informamos a nuestros lectores, todo parte de la denuncia de los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva, que ya en ocasiones precedentes han impulsado actuaciones judiciales contra Vélez y Arce. Los hechos aparentemente delictivos que se relatan en la querella se centran en los años 2017, 2018 y 2019 y están relacionados con la organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de Calasparra.

Los querellantes señalan que en la localidad existe una plaza de toros, La Caverina, que es de propiedad privada y que se ha venido encargando desde hace años de organizar la Feria Taurina del Arroz, que viene a coincidir con las fiestas patronales del municipio. En 2017 y 2018, el dueño del coso contrató los servicios de la firma Chipé Producciones para gestionar las corridas de toros. Pues bien, según la acusación, esos dos años el Ayuntamiento habría suscrito un convenio con esa firma para que le cediera los novillos y, de esa forma, poder celebrar los tradicionales encierros. Por el préstamo de las reses le fueron abonados al empresario 30.000 euros en 2017 y 37.000 euros en 2018, según la querella. Cantidades satisfechas que siempre han sido confimadas por los demandados, en pos de la celebración de la prestigiosa feria taurina de Calaspara.

Esas cantidades se pagaron, presuntamente, soslayando la Ley de Contratos del Sector Público y, además, sin que conste estudio alguno de mercado o de valoración del servicio, por lo que no se justifica ni el precio ni el hecho de que, de un año para otro, pasara a costar un 23% más.

La situación se complicó más en 2019, a raíz de unas desavenencias surgidas entre el dueño de la plaza y el administrador de Chipé Producciones, que motivaron la ruptura de la relación. Entonces, el Consistorio presidido por Vélez, arrendó el coso taurino por dos meses, a cambio de 35.000 euros –sin que tampoco conste supuestamente informe de valoración alguno–, y a continuación le cedió supuestamente los derechos de explotación a Chipé Producciones. «No consta ninguna resolución de Alcaldía, ni expediente de contratación, ni publicación alguna en los boletines oficiales por la que se pueda tener constancia a través de qué procedimiento el Ayuntamiento cedió a favor de Chipé Producciones, ni tampoco consta contraprestación alguna de la empresa al Consistorio», se lee en la querella.

Seguidamente, el Consistorio pidió a esa mercantil que le volviera a ceder los novillos para los encierros y, esta vez, le pagó a cambio 18.150 euros. La cantidad puede parecer anormalmente baja, en comparación con los dos años precedentes, pero los querellantes destacan que la explicación está en que para ese momento el Consistorio ya le había cedido al empresario, gratuitamente, la explotación de la plaza por la que había pagado 35.000 euros. De forma que, en realidad, Chipé Producciones habría recibido una compensación total de más de 53.000 euros. «Y todo ello, sin que exista informe pericial, tasación o valoración alguna que justificase el pago de esas cantidades y sin que tampoco se tramitara expediente alguno para la concesión de la explotación de la plaza de toros y de la Feria Taurina del Arroz, impidiendo al resto de empresas del sector a poder optar a dicha explotación».

Por último, la querella deja constancia de que, pese a que la gestión de la Feria Taurina del Arroz era una cuestión estrictamente privada, el Ayuntamiento, del que era alcalde Vélez, habría pagado en el año 2017 más de 48.000 euros en facturas que no le correspondían: contratación de la banda de música para las corridas, limpieza de la plaza, transporte y seguro de los toros, vigilancia de los corrales…

El letrado que impulsa esta actuación judicial en nombre de los dos ediles, Juan Rigabert, solicitó al juzgado que recabara información sobre los convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento de Calasparra y las mercantil Chipé Producciones en los años 2017 y 2018, el contrato de arrendamiento de la plaza de toros y la posterior cesión del arrendamiento o gestión a la citada empresa. Una petición a la que la Fiscalía no se ha opuesto y a la que ha accedido el instructor.

El próximo 17 febrero también deberá comparecer como investigado el administrador único de la empresa Chipe Producciones. Un día antes, se tomará declaración a los funcionarios que ejercían como secretarios municipales en el momento de los hechos y a un empresario taurino.

Los juzgados tendrán que dirimir si existe o no delito en el «modus oporandi» de la adjudicación. Los demandados nunca han ocultado y siempre han admitido la ayuda económica del consistorio, que ha hecho de Calasparra una de la ferias taurinas mejores del mundo.

@elmuletazo Fuente: La Verdad

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