El Muletazo se ha puesto en contacto en la tarde de hoy con el empresario Ángel Bernal para que valore el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que viene investigando desde diciembre de 2020 un presunto fraude de subvenciones públicas en la ya extinta Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia.
En este sentido y ante el revuelo que ha levantado esta investigación en la Murcia Taurina, este medio se ha puesto en contacto con Ángel Bernal, empresario de la plaza de toros de Murcia, que expresa: «Tenemos la conciencia muy tranquila y confiamos en la justicia para que resuelva este asunto dándonos la razón, porque no hemos hecho nada malo ni nada ilegal».
El empresario remarca que: “Siempre hemos cumplido con la legalidad”. En el tiempo en el que la escuela taurina ha estado funcionando, más de 20 años, el empresario de La Condomina comenta: “La escuela era deficitaria”, añadiendo que: “Me costó mucho dinero de mi patrimonio personal”. Podemos además añadir, que la escuela no recibió subvención pública hasta el año 2016 y que antes de esa fecha se han celebrado espectáculos, para la Escuela Taurina, en La Condomina donde el empresario no ha recibido ayuda alguna.
La jueza ha dictado un auto de procedimiento abreviado para que se continúe la investigación que señala a Ángel Bernal, administrador de la plaza de toros de Murcia; a su hija, Rocío Bernal, expresidenta de la ETRM; a Alfonso Avilés, exvicepresidente de la institución y presidente del Real Club Taurino de Murcia, y al profesor José Ortín, al que también se investiga por un presupunto caso de abusos sexuales cometidos en el seno de la escuela; como posibles autores de delitos de presunto fraude en las subvenciones, falsedad documental y apropiación indebida, tal y como se refleja en las diligencias desplegadas por el grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
En el atestado, la Policía Nacional remarca que entre 2016 y 2019, la escuela recibió 227.920 euros en subvenciones por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia. Ese dinero debía ir destinado «a colaborar en la financiación de los gastos derivados de su actividad docente, así como cualquier otro derivado de la actuación docente subvencionada, con el fin de fomentar y promocionar la fiesta de los toros».
La investigación de los procesados, que están siendo representados por los abogados José María Caballero y Manuel Martínez, también incluye las declaraciones de alumnos de la escuela, familiares y anteriores dirigentes de la entidad que afirman haber costeado de su bolsillo los novillos, los entrenamientos y los desplazamientos, además de remarcar que nunca se le ha pedido nada en concepto de alquiles de la Plaza de toros de Murcia como sede de la escuela. Los investigadores sostienen, además, que los acusados presuntamente solicitaban a estos alumnos que pidiesen las facturas a nombre de la escuela para poder utilizarlas en la justificación de las ayudas. La Policía estimó que el fraude podría haber alcanzado alcanzado los 106.000 euros.
En el auto, la jueza Dª Brígida Gil Páez, ha estimado el sobreseimiento parcial en relación a las subvenciones correspondientes a los años 2.016, 2017 y 2018, pero no así la del 2019, en las que pide que se siga investigando el paradero de los 60.000 euros concedidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la escuela taurina ya desaparecida, ya que hay indicios de presunto fraude.
La magistrada ha dado un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y resto de partes personadas, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
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