El juez de instrucción del caso que investiga el extraño fallecimiento de carnicero Santiago López en los corrales de la plaza de toros de Murcia, cuando este se disponía a apuntillar a un toro de Daniel Ruiz que había sido devuelto por inválido el pasado 12 de septiembre en el segundo festejo de abono de la Feria Taurina de Septiembre 2022, ha citado a declarar el próximo mes de diciembre como investigados al policía nacional que el día de los hechos ejercía como delegado gubernativo, al corralero de la plaza de toros de La Condomina y a tres empleados de la empresa Toros Sureste.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia ha decidido volver a tomar declaración a los investigados tras analizar el atestado policía que le fue entregado el pasado mes de octubre y que concluyó que no existía responsabilidad penal alguna relacionada con los hechos.
Pese a ello, el juez ha solicitado la práctica de varias diligencias de prueba pedidas por la acusación particular representada por el abogado Evaristo Llanos.
Además de llamar a los investigados por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, el magistrado acepta el requerimiento a la Tesorería General de la Seguridad Social del certificado acreditativo con la indicación de su categoría profesional de los empleados que estaban dados de alta por la empresa de la plaza de toros de Murcia, Toros Sureste S.A, el día que ocurrió el trágico desenlace
El juez, además, solicita al Instituto de Medicina Legal del Murcia el resultado del análisis de sangre practicado a Santiago López en el Hospital Reina Sofía de Murcia, cuando llegó a este en estado crítico tras recibir los impactos del astado en los corrales de La Condomina, con el fin de conocer si este estaba bajo los efectos del alcohol aquel día.
La acusación particular alega que existe un testigo que declaró que el fallecido no se encontraba en buenas condiciones ese día, posiblemente por la ingesta de bebidas alcohólicas, “pese a lo cual se le habría permitido, sino incluso encomendado la peligrosa labor profesional que le llevó a su muerte”.
Además, mantiene que la figura del puntillero es obligatoria en una plaza de toros y su labor solo puede ser realizada por alguien experto.
La acusación particular alega también que la empresa de La Condomina, tal y como declaró su gestor, “no tiene a ninguna persona encargada de efectuar tal función”.
La acusación particular también pone foco en el delegado gubernativo, diciendo que “tampoco se aseguró que hubiera un puntillero entre los empleados de la plaza de toros”.
El documento enviado al juzgado detalla que ese día el malogrado carnicero se encontraba en la plaza como espectador acompañado de su hijo “por lo que no tenía que llevar a cabo ninguna labor de carnicero, ni cuento menos de puntillero”, según declaró la viuda por testimonios de su hijo, que dijo que alguien llamó a su padre para que ejerciera tal labor que no le correspondía.
@elmuletazo // Fuente: Diario La Verdad
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